En un país en el que el sobresalto se ha vuelto la normalidad –por demasiados años ya– y el ritmo emocional de sus habitantes depende, en general, de las decisiones políticas y, además, por encima de todo, de la inmensa dificultad de todos los flancos de la vida diaria de una crisis social y humanitaria sin precedentes en la historia reciente, los últimos días han abonado a la inquietud, y aun una sensación de constituir un momento decisivo. El anuncio de la suspensión del referéndum revocatorio pasando por encima de la Constitución; la declaración de la ruptura del hilo constitucional por parte de la Asamblea Nacional y el inicio del juicio político al presidente Nicolás Maduro; un posible diálogo entre Gobierno y oposición, con la mediación del Vaticano, confuso, con fallos de comunicación política; un ministro de la Defensa rodeado del Alto Mando dando una alocución; Maduro convocando el Consejo de Defensa; manifestaciones multitudinarias en todo el país, con detenidos y heridos en el interior; una posible marcha de la oposición a las puertas del Palacio de Miraflores; el escenario de las elecciones generales asomándose; el mandatario anunciando un aumento salarial: el resumen de la última semana.
La periodista Luz Mely Reyes llama a estos tiempos, que parecen de desenlace pero se prolongan en bucle, “la hora loca”: “implica uno de los momentos más difíciles de la política de este país, al menos desde 2014”, escribe en Efecto Cocuyo, el medio digital que dirige.
“(…) Ninguna previsión dura 24 horas. Aún no ha terminado la semana y todo indica que lo que es cierto hoy, ya no lo será mañana”.
Los análisis estiman que la etapa es crucial. Ayer, cuando estaba previsto activar la siguiente etapa que daría lugar al referéndum revocatorio con el inicio de la recolección de las firmas del 20% del padrón electoral, ocurrió la Toma de Venezuela, movilizaciones masivas en todo el territorio, 48 locaciones, informaron los dirigentes. Las manifestaciones fueron convocadas por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) el viernes pasado como respuesta a la suspensión de la consulta, anuncio que hizo el viernes el Consejo Nacional Electoral (CNE) –horas después de que tribunales penales de Aragua, Bolívar, Carabobo declararan nulas el 1% de las firmas recolectadas en mayo–. La manifestación de Caracas terminó con la promesa del ex candidato presidencial y gobernador de Miranda, Henrique Capriles y el presidente de la Asamblea Nacional y secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup de una nueva movilización desde todo el país hasta las puertas del Palacio presidencial de Miraflores el próximo 3 de noviembre, si el 30 de octubre –fecha límite, según el cronograma– no se ha reactivado el camino hacia la consulta. “Que Maduro agarre el teléfono y llame a la señora Lucena (presidenta del CNE), y nosotros en cuestión de horas podemos ir a poner nuestra huella”, dijo Capriles al final del día. “El que se salió de la Constitución fue Maduro no nosotros. Si no quiere que vayamos a exigirle a Miraflores vamos en la próximas horas a poder tener el referéndum dentro de la Constitución. Si el señor sigue en su posición de desobediencia, toda Venezuela tiene que moverse a Caracas. La Toma de Venezuela pero en Caracas y a Miraflores. La oposición es hoy claramente mayoría”.
La movilización concluyó, además, una convocatoria de una huelga general de 12 horas para este viernes 28 de octubre.
La jornada también terminó 80 heridos –60 de ellos en el estado Mérida, 5 de ellos de bala en esta entidad y en el Zulia– y 263 detenidos –158 de los cuales han sido liberados– en 16 estados del país, según un reporte de la organización Foro Penal Venezolano.
Tribunales penales de una instancia incidiendo en una decisión de una instancia superior y anulando un acto electoral: ni el más avezado analista vio venir esta manera de suspender el referéndum. Estos juzgados no tienen competencia para anular una votación, coinciden los expertos. “Mas allá de la validez de esas sentencias penales, las mismas solo tienen efecto penal inmediato sobre las personas (funcionarios o no) que hayan participado en esos actos. Pero los efectos administrativos y electorales, que tiene el inicio válido de una consulta constitucionalmente consagrada, no pueden ser suspendidos por una decisión de un tribunal penal de instancia”, dijo a Efecto Cocuyo Perkins Rocha, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Hasta Herman Escarrá concuerda con esta opinión de los juristas.
El domingo 23 de octubre, en una sesión especial interrumpida por seguidores del oficialismo que asaltaron la sede de la Asamblea Nacional, los parlamentarios, con mayoría opositora declararon que el Gobierno había roto el hilo constitucional y había cometido un golpe de Estado, anunciaron el juicio político a Nicolás Madurao y la denuncia de las rectoras del CNE y magistrados del TSJ en instancias internacionales y un llamamiento a las Fuerzas Armadas.
La semana empezaba con un impulso nuevo, pero la inquietud no tardó en regresar, en forma de confusión. Una representación de los principales partidos de la MUD y su secretario ejecutivo, Jesús Chúo Torrealba, aparecían en la foto con representantes del gobierno y el enviado del Vaticano, el nuncio apostólico en Argentina, Emil Paul Tscherring, en una reunión en el hotel Meliá. Tscherring anunciaba que el diálogo comenzaría en Margarita este domingo 30 de octubre.
El Gobierno daba un golpe de efecto con la aparición sorpresiva de la noticia del presidente Maduro reunido con el Papa Francisco.
Dirigentes como Capriles, Ramos Allup y otros del partido Voluntad Popular decían por Twitter que se estaban enterando de esto por televisión. Al principio parecía que no sabían nada de la reunión de sus compañeros con delegados del gobierno y el enviado del Vaticano, pero luego, con las horas, quedó claro que lo que aparentemente desconocían era unas posibles conversaciones en Margarita.
” ‘¿Cuál diálogo? En Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo (…) Ellos pretenden usar la buena fe del papa Francisco, la buena fe del nuncio, para decir acá no ha pasado nada”, dijo Capriles horas más tarde. ‘Una reunión en Margarita jamás estuvo planteada. Yo me entero por televisió’, expresó”, según el registro de la agencia de noticias France Press (AFP) de la comparecencia de Capriles.
La MUD dijo que el diálogo tendría que hacerse en Caracas “de cara a la opinión pública”. “Cualquier proceso de diálogo tiene cuatro objetivos fundamentales: respeto al derecho al voto, libertad para los presos políticos y retorno de los exiliados, atención a las víctimas de la crisis humanitaria y respeto a la autonomía de los poderes”, indicó la MUD, al calificar como “un triunfo la presencia del Vaticano”, agrega el despacho de AFP.
En su discurso al final de la manifestación en Caracas del miércoles 26 de octubre, Capriles zanjó: “Nosotros no vamos a Margarita”, y lo ratificó más tarde.
Pero al día siguiente, el secretario ejecutivo de la MUD confirmó que en su programa La Fuerza es la Unión, que la coalición opositora acudirá a la reunión pautada para el 30 de octubre con el gobierno nacional. “Está establecido que el próximo domingo es que vamos a ese encuentro. Lo que cuestiona la Mesa de la Unidad Democrática es que esa reunión sea en Margarita y no en Caracas. “Mientras se produce el diálogo se realizarán en paralelo las estrategias de expresión ciudadana, tanto en el Parlamento como en la calle (…) En esa reunión vamos a plantear un punto central, que es recobrar la agenda electoral. Sea para que rehabiliten el proceso para activar el referéndum revocatorio, y que se den las garantías para que se efectúe, o bien a que se efectúen unas elecciones generales este mismo año”, reseña El Nacional.
La posibilidad de realizar elecciones generales como una salida suena hace días deslizada en goteos de declaraciones de ciertos voceros. El periodista experto en temas electorales, Eugenio Martínez, escribió, sin embargo, en El Pitazo que el momento no sería propicio para los partidos que integran la MUD, por una jugada del Tribunal Supremo de Justicia. “Según ratificó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 21 de octubre todos los partidos políticos nacionales que no se presentaron a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 o a las elecciones presidenciales de 2013, o que habiendo participado en los últimos comicios parlamentarios no lograron obtener 1% de los votos lista, tendrán seis meses para cumplir con los requisitos del Consejo Nacional Electoral (CNE) para no ser ilegalizados, perdiendo la oportunidad de solicitar al organismo comicial la realización de elecciones primarias y mucho menos postular candidatos para los próximos comicios.
Según la interpretación de los magistrados, solo existe renovación automática de la inscripción de un partido político si la organización logró obtener el 1% de los votos válidos emitidos el 6 de diciembre de 2015 en por lo menos 12 de los estados.
(…)
Los únicos partidos políticos nacionales que cumplieron con este supuesto fueron la MUD y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). No obstante, distintos integrantes del oficialismo –el último de ellos el gobernador del estado Carabobo Francisco Ameliach– han solicitado al máximo tribunal la anulación de la MUD como organización política. Si los 18 partidos nacionales que integran a la alianza de la oposición (Primero Justicia, Voluntad Popular, AD, Un Nuevo Tiempo, etc) no logran relegitimarse y la MUD es ilegalizada, la oposición no tendría representación política reconocida por el CNE que pueda postular candidatos en los comicios previstos para 2017, ni presentar exigencias políticas, ni técnicas”.
El diálogo reaparece como una palabra álgida, pero la entrada de El Vaticano como nuevo mediador, que tiene la aceptación de ambas partes, le da una nueva entidad.
La periodista Luz Mely Reyes hace el siguiente recuento sobre el tema en su artículo de Efecto Cocuyo:
“Posteriormente a esa sesión [la parlamentaria del domingo], representantes de la oposición se reunieron con los eventuales mediadores del diálogo, los expresidentes Martin Torrijos, Leonel Fernández y José Luis Rodriguez Zapatero, pero la noche de ese domingo, el expresidente de Panamá, Martín Torrijos recibía un no por parte de líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, a quien visitó en la prisión militar de Ramo Verde.
Ya el partido Voluntad Popular había expresado su reticencia de participar en el diálogo debido a la suspensión del revocatorio, aunque fuentes internas de la MUD refieren que los representantes de Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo insistían en seguir adelante.
He hablado con varios dirigentes de la oposición para escuchar todas las versiones sobre por qué se produce uno de los errores más costosos para la MUD e incluso para Venezuela, cuando el lunes 24 de octubre, el nuncio argentino, enviado del papa Francisco anuncia que habrá diálogo entre las partes. Fecha y lugar. Isla de Margarita, el 30 de octubre. Nada lo explica. Al menos no las versiones que me dan.
De acuerdo con dirigentes de VP y el gobernador Henrique Capriles Radonski tal decisión no fue aprobada por la MUD. El diputado Luis Florido en distintas declaraciones ha señalado que ante las diferencias sobre el inicio o no del diálogo se envió como emisario al secretario general de la MUD, Chuo Torrealba a expresar esa situación a los mediadores.
Fuentes refieren que Torrealba hizo una consulta rápida por teléfono sobre una fecha para reunirse, fecha que por cierto, había propuesto VP, según otra fuente, pero no era una decisión.
¿Qué pasó que luego que se informó tal fecha y el sitio como un hecho?
Parece que será un misterio de la Iglesia, porque nada explica lo que ocurrió.
Sin embargo, las consecuencias de este mal manejo están por verse.
El diálogo ha estado herido de desconfianza desde un principio (…)”.
El martes 25 de octubre la Asamblea acordó iniciar “el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del Presidente de la República, y a estos efectos se resuelve citarlo para que comparezca al Hemiciclo de Sesiones el día 1 de noviembre de 2016, a las 3.00 pm, a fin de que exponga sobre su posible responsabilidad por las graves violaciones a la Constitución, los Derechos Humanos y la Democracia ya señaladas, y por haber consolidado un modelo político-económico y social que por su estatismo, rentismo, burocratismo y corrupción ha ocasionado la devastación de la economía del país y, en particular, una enorme inflación y el estrangulamiento de la producción nacional, así como el desabastecimiento en el rubro de los alimentos y medicamentos e insumos médicos”. Ratificó también su declaración del domingo: la restitución del orden constitucional y la denuncia en instancias internacionales de la violación de derechos humanos”.
Entretanto, el ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, apareció junto al Alto Mando , todos en uniforme de campaña, confirmando su lealtad a Maduro: “Padrino repudió el acuerdo aprobado por la mayoría del Legislativo el domingo pasado para restablecer el orden constitucional, por considerar que no contribuye a la armonía requerida para superar el momento que vive el país. Señaló que el texto ha sido analizado por el Estado Mayor Superior. ‘No es conveniente que cada vez que haya una situación de pugna política y confrontación ideológica las interpretaciones de la Constitución se estén dando a conveniencia?, dijo (…) Recordó que el artículo 328 dice que el sector castrense no obedece a parcialidad política alguna, pero sí a la nación.”, reseña El Nacional. Pero terminó su pronunciamiento con el grito de “¡Chávez vive!”.
Maduro convocó, para el mismo día de las manifestaciones opositoras, la instalación, por primera vez, del Consejo de Defensa de la Nación, integrado por todos los Poderes Públicos, para “evaluar los pasos a seguir ante el ‘golpe parlamentario’ de la Asamblea Nacional”, dice otra nota de El Nacional. ” ‘El presidente de la AN no puede faltar, que dé la cara, va a ser tratado con respeto’ “, señaló el jefe de Estado. Ramos Allup, como es obvio, no asistió. “Hace ocho meses, cuando el presidente dictó el celebre decreto de emergencia económica en el estado Táchira, en esa oportunidad, le exige al presidente que convocara el Consejo nacional para tratar la grave disección del estado Táchira y su decreto. No recibí ninguna información ni ninguna respuesta. Ayer a las 11 recibí el oficio [de la convocatoria] Me entero que la razón de la reunión Consejo, según palabras del propio presidente, va a hacer una especie a acusación a la Asamblea Nacional por violación de la Constitución. No voy a hacer el papel de tonto en una reunión del Consejo de Defensa Nacional cuyo objeto es convertir a la Asamblea Nacional en reo de acusaciones temerarias y absurdas por parte del presidente de la República, el ministro de la Defensa y los poderes que le son subalternos (…)”
El 27 de octubre, la Asamblea Nacional siguió sesionando sobre la responsabilidad política del presidente Maduro, sitiada por seguidores del gobierno. El diputado Héctor Rodríguez, en nombre del Gran Polo Patriótico, introdujo en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso para pedir la nulidad de todos los actos emanados del Parlamento, para detener lo que el oficialismo llama “un golpe de Estado parlamentario”.
El mismo día, Maduro anunciaba un aumento del salario mínimo integral de 40%.
Los ¿y ahora qué? apuntan a varios caminos en medio de escenarios imprevisibles.
“Bloquear la vía electoral solo traerá como resultado que los conflictos se expresen de otra forma, ahora en la calle”, atribuye Efecto Cocuyo esta opinión a Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. “La apuesta del Gobierno era que podía cerrar ese camino (el del referendo) sin mayores consecuencias y quedó demostrado que no fue así”.
El jurista venezolano José Ignacio Hernández lo explica así, en Prodavinci: “Una de las muchas funciones que cumple el Derecho Constitucional es permitir que los conflictos políticos sean resueltos de manera pacífica. Para ello existen instituciones.
(…) Pero esto funciona sí, y sólo sí, las instituciones actúan bajo el Estado de Derecho, con suficientes pesos y contrapesos como para asegurar que, en un momento dado, el conflicto pueda canalizarse por vías institucionales. Al día de hoy, todos las vías institucionales que dependen de los Poderes Públicos, y a las cuales se ha acudido para solucionar la crisis por la que atraviesa Venezuela, han sido cerradas. La última vía institucional que quedaba —el referendo— fue ‘suspendido’ en un fraude a la Constitución.
Obviamente, que se cierren esas vías institucionales no significa que el conflicto político se acaba. Todo lo contrario: ese conflicto persistirá. Pues el CNE y los Tribunales pueden suspender los actos jurídicos del referendo. Pero no pueden suspender la crisis política, ni mucho menos pueden suspender el derecho ciudadano a solicitar la revocatoria del mandato.
¿Y qué hacer cuando todas las vías institucionales que dependen de los Poderes Públicos se cierran? La respuesta está en la Constitución. No me refiero aquí, solamente, a la Constitución de 1999: me refiero a la Constitución histórica, o sea, a toda la tradición constitucional venezolana que arrancó formalmente hace más de doscientos años. Quienes diseñaron la Constitución de 1811 previeron que algo como lo que hoy pasa en Venezuela podía suceder. Y por ello, venezolanos como Juan Germán Roscio se encargaron de acotar que sólo es legítima la autoridad que se ejerce dentro de la Constitución. Fuera de ella, la autoridad es ilegítima, con lo cual, no hay deber de obediencia ciudadana y, además, todo ciudadano deberá restablecer la Constitución. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que los venezolanos que sancionaron esa Constitución hicieron a partir del 19 de abril de 1810.
¿Qué quiere decir todo esto? Que la responsabilidad de restablecer la Constitución y lograr una solución pacífica, ahora, recae en el soberano, o sea, en los ciudadanos que conforman al pueblo.
(…) La Constitución no existe cuando la Sala Constitucional, el CNE o unos Tribunales así lo digan. La Constitución existe cuando cada ciudadano decide sujetar su conducta a la Constitución y actuar, en consecuencia, para restablecerla. Eso sí: no por cualquier medio. Como dijo Martin Luther King Jr., la oscuridad no puede acabar con la oscuridad: sólo la luz puede hacerlo.
No podemos restablecer la Constitución violando los principios superiores sobre los cuales se ha fundado nuestra tradición constitucional.
Por ello, es falso que todas las vías institucionales se acabaron y que, en lo jurídico, ya no hay nada que hacer. Si eso fuera así, lo que vendría es, simplemente, la barbarie, el desorden o, como lo dijo Miranda, el bochinche. En realidad, sí hay una vía constitucional. De hecho, queda en vigor la más importante de todas las vías institucionales: la soberanía popular”.
Hugo Prieto escribió un análisis para The New York Times al calor del anuncio del Consejo Nacional Electoral: “El gobierno aprieta el nudo. Se arriesga a sanciones internacionales y al estallido social. La oposición tiene ante sí una encrucijada. Tomar la calle o impulsar un frente que aglutine a fuerzas sociales y políticas (incluidos sectores descontentos del chavismo) en una batalla por la defensa de la Constitución y del referéndum revocatorio. Será como cruzar un desierto. Será además un movimiento disuasivo, una forma de asediar al gobierno y, particularmente, una interpelación al estamento militar, uno de los actores que, si bien ha jugado en cuadro político, lo ha hecho tras bambalinas y en un plano secundario. ¿Qué papel van a cumplir los militares si la protesta de la población las calles aumenta? ¿Se van a dividir, al igual que las fuerzas políticas del país? Lo preocupante no son las respuestas a estas preguntas, sino la forma tan casual con que se habla en Venezuela de una posible guerra civil”.
Runrunes, por su parte, consultó al abogado constitucionalista Juan Manuel Raffali y a los politólogos Juan Manuel Trak y Nícmer Evans. Los tres coinciden en que “todos los escenarios deben pasar, de un modo u otro, por el reconocimiento de la voluntad popular. Lo ideal, advierten, es que fuera a través del voto, pero si bloquean esa vía, el soberano tendría que hacer valer su rango en las calles”.
¿Cómo se canaliza eso? ¿Cómo ejerce la sociedad la voluntad soberana en un momento tan delicado y frágil? No es fácil saberlo todavía. Hoy podríamos comenzar a verlo en la Toma de Venezuela. En el mismo acuerdo de este martes, la Asamblea Nacional se declaró en “sesión permanente de consulta popular”, para determinar junto al pueblo, en asambleas de ciudadanos y ciudadanas, movilizaciones y diversas formas de deliberación y manifestación pública, las decisiones posteriores que deban adoptarse ante la ruptura constitucional impulsada por el Presidente de la República (…)”
Los analistas discuten varios escenarios, pero la realidad, tantas veces sorprendente, tendrá la última palabra, con la voluntad popular al mando. Ojalá sea la más pacífica posible y el desenlace pase siempre por alguna forma de consenso y reconocimiento mutuo.