Venezuela atraviesa una situación que resulta difícil describir sin acudir a una palabra incómoda: tutelaje. No se trata de una ocupación en el sentido jurídico tradicional. No existe un gobierno militar extranjero, la Constitución no ha sido formalmente suspendida y el país conserva autoridades nacionales, territorio y personalidad internacional. Pero tampoco puede afirmarse seriamente que todas las decisiones fundamentales sobre la transición estén hoy en manos de los venezolanos.
Negar esa realidad sería una forma de evasión. Celebrarla como solución definitiva sería una renuncia. La pregunta útil no es si nos agrada el tutelaje, sino cómo impedir que se transforme en dependencia permanente y cómo utilizar esta etapa excepcional para reconstruir la capacidad nacional de decidir sobre el destino del país.
El objetivo no puede ser promover una situación que agrave la fragilidad del Estado, interrumpa la recuperación económica o cierre los espacios abiertos para la transición. Tampoco puede ser la aceptación pasiva de una relación indefinida en la cual Washington administre los recursos, determine el ritmo político y sustituya progresivamente a las instituciones venezolanas. Al mismo tiempo, hay que reconocer que, con madurez y mediante acuerdos nacionales, es posible lograr que Estados Unidos apoye una transición exitosa. Esto debe ir más allá de los acuerdos indispensables para organizar los procesos electorales, que deben formar parte del horizonte político del país y permitir la elección de autoridades con legitimidad de origen.
La historia no ofrece modelos que puedan copiarse mecánicamente, pero sí experiencias que ayudan a reconocer los caminos disponibles y sus riesgos.
El caso cubano merece una consideración más detenida porque combina dos lecciones distintas: la vulnerabilidad de una república formalmente independiente frente a una potencia dominante y los riesgos de convertir la soberanía en una doctrina de resistencia sin pluralismo interno.
Después de la guerra hispano-estadounidense, Cuba quedó bajo ocupación militar estadounidense entre 1898 y 1902. La independencia fue reconocida, pero en condiciones limitadas. La Enmienda Platt, incorporada a la Constitución cubana de 1901, autorizaba a Estados Unidos a intervenir en los asuntos de la isla para preservar su independencia, mantener un gobierno adecuado y proteger determinados intereses. También permitió el establecimiento de bases navales, entre ellas la de Guantánamo. Aunque la enmienda fue derogada en 1934, dejó una huella profunda: durante décadas, la soberanía cubana existió bajo la sombra de una intervención externa jurídicamente reconocida.
La intervención de 1906 ofrece un ejemplo concreto de esa limitación. Tras una crisis electoral y el fracaso del Gobierno cubano para contener la confrontación interna, Estados Unidos volvió a ocupar la isla hasta 1909. La ocupación no fue simplemente una imposición externa: también reflejó la debilidad de las instituciones cubanas, la falta de confianza entre las élites y la dificultad de construir una república estable después de una guerra de independencia y una administración colonial prolongada. La presencia estadounidense podía presentarse como garantía de orden, pero al mismo tiempo impedía que Cuba desarrollara plenamente su propia capacidad de resolver sus conflictos.
La influencia económica reforzaba esa dependencia. La economía cubana estaba estrechamente vinculada al mercado estadounidense, especialmente por la exportación de azúcar, la inversión extranjera y los acuerdos comerciales. Esa conexión generaba ingresos y oportunidades, pero también hacía que cualquier decisión de Washington tuviera efectos directos sobre la estabilidad cubana. La experiencia muestra que la dependencia no es únicamente militar o jurídica: también puede surgir de una estructura productiva concentrada y de la ausencia de alternativas económicas.
La revolución Cubana de 1959 convirtió esa memoria de subordinación en el fundamento de una nueva legitimidad. Fidel Castro presentó al régimen revolucionario como la recuperación definitiva de la soberanía nacional frente a Estados Unidos. La tragedia que sigue y todavía padece el pueblo cubano es conocida y lamentable.
La lección para Venezuela es doble. Primero, cualquier acuerdo con Estados Unidos debe impedir que la cooperación se convierta en una tutela jurídica o política indefinida. Segundo, la resistencia a Estados Unidos no puede utilizarse para justificar una nueva concentración autoritaria del poder ni para ocultar la dependencia frente a otros actores. La soberanía efectiva requiere independencia externa y libertad política interna. Si falta cualquiera de las dos, el país seguirá siendo vulnerable.
Entre las experiencias que deben revisarse, la de Konrad Adenauer Alemania ofrece a Venezuela una referencia muy útil. No porque la Alemania derrotada en 1945 y la Venezuela actual sean situaciones equivalentes, sino porque Adenauer comprendió que la soberanía no se recupera solamente proclamándola. Se recupera haciendo que el país vuelva a ser institucionalmente confiable, económicamente viable y políticamente respetable.
Cuando Adenauer fue elegido primer canciller de la República Federal de Alemania en 1949, gobernaba un país materialmente destruido, moralmente devastado por el nazismo, territorialmente dividido y sometido a las potencias vencedoras. La Ley Fundamental había creado un nuevo orden parlamentario y federal, pero los aliados conservaban poderes extraordinarios sobre asuntos esenciales. La República Federal existía; su soberanía, todavía, era incompleta.
Adenauer, quien ejercicio la Cancillería Alemana durante 14 años, evitó convertir la denuncia de la ocupación en el centro de su política. Podía alimentar el resentimiento nacional, prometer una recuperación inmediata de todas las competencias o intentar equilibrar a las potencias occidentales y la Unión Soviética. Escogió otro camino: la “Westbindung”, la vinculación firme e irreversible de Alemania con las democracias occidentales.
Adenauer entendió que Alemania no recobraría la confianza de sus vecinos exigiéndola, sino construyéndola. La nueva República debía demostrar que no volvería a utilizar su soberanía contra Europa; por eso aceptó ejercer parte de ella dentro de instituciones compartidas.
La reconciliación con Francia fue central. La rivalidad franco-alemana había contribuido a varias guerras europeas y la industria pesada alemana seguía siendo observada con desconfianza por sus vecinos. Adenauer respaldó la propuesta que condujo a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, creada para colocar industrias decisivas para la guerra bajo una autoridad común. El acuerdo tenía una dimensión económica y otra política. Permitía coordinar recursos esenciales para la reconstrucción, pero también hacía más difícil que cualquiera de los países preparara unilateralmente una nueva guerra contra los demás. Alemania recuperaba capacidad de decisión al mismo tiempo que aceptaba reglas comunes que tranquilizaban a sus antiguos adversarios.
La aparente paradoja encierra la principal lección: Adenauer recuperó soberanía compartiéndola voluntariamente dentro de un orden de derecho. La integración no redujo a Alemania; la hizo nuevamente confiable y, por ello, más fuerte.
El proceso fue gradual y contractual. Los Acuerdos de París, firmados en 1954 y vigentes desde mayo de 1955, pusieron fin al régimen de ocupación en Alemania Occidental y restauraron amplias competencias sobre sus asuntos internos y externos. La República Federal ingresó entonces en la OTAN, lo que vinculó su seguridad a una alianza multilateral y redujo el temor de sus vecinos a una Alemania rearmada fuera de todo marco común.
Persistieron limitaciones relacionadas con Berlín y con Alemania como un todo, cuya resolución definitiva llegaría con la reunificación y el Tratado Dos más Cuatro de 1990. Pero en pocos años Adenauer había transformado a su país de territorio ocupado en socio occidental. Los documentos diplomáticos estadounidenses describen los acuerdos de 1954 como instrumentos destinados a restaurar la soberanía de la República Federal.
La recuperación alemana también dependió del crecimiento económico. El llamado milagro económico no fue resultado exclusivo de la ayuda externa: requirió una administración competente, estabilidad monetaria, reglas previsibles, formación técnica y una política social capaz de reducir los costos de la reconstrucción. El Plan Marshall aportó recursos, pero esos recursos fueron aprovechados dentro de un marco institucional que permitió convertir asistencia en capacidad productiva.
El liderazgo democrático venezolano debe evitar dos tentaciones simétricas. La primera es el nacionalismo retórico que denuncia toda cooperación con Estados Unidos mientras oculta las dependencias creadas durante años frente a Cuba, Rusia, China e Irán. La segunda es la aceptación pasiva de una tutela estadounidense indefinida, como si la afinidad con Occidente convirtiera automáticamente en venezolanas las decisiones tomadas en Washington.
El método de Adenauer también exige construir legitimidad hacia adentro. Recuperar soberanía significa, por ello, reconstruir el Estado de derecho; liberar a todos los presos políticos; profesionalizar la administración pública; someter los cuerpos de seguridad al poder civil; devolver competencias a gobernaciones y municipios; garantizar la libertad de prensa y organización; y establecer una autoridad electoral capaz de conducir elecciones competitivas, incluyendo efectivamente a la diáspora. Todo esto enmarcado dentro de un horizonte electoral con garantías políticas y procesos de re-institucionalización que aseguren sustentabilidad, convivencia democrática, de manera que las elecciones no desemboquen en la prolongación del conflicto político y la ingobernabilidad.
También exige una política económica que convierta la recuperación en capacidad nacional. Un Estado insolvente, sin crédito, con servicios destruidos y dependiente de autorizaciones externas dispone de escaso margen soberano. La apertura petrolera y minera puede aportar capital, tecnología y crecimiento, pero sin transparencia, competencia y controles públicos podría producir solamente una nueva oligarquía asociada al poder político y a intereses extranjeros.
La alternativa al estatismo autoritario no puede ser un capitalismo autoritario. De otro modo, Venezuela podría cambiar de socios sin cambiar de régimen, como ocurrió en Egipto desde Nasser hasta Sadat y Mubarak.
El caso egipcio resulta ilustrativo porque los cambios económicos y diplomáticos no alteraron necesariamente la estructura política. Gamal Abdel Nasser construyó un Estado nacionalista, centralizado y apoyado en la planificación económica, mientras mantenía una política exterior formalmente no alineada y vínculos estrechos con la Unión Soviética. Anwar el-Sadat reorientó el país hacia Estados Unidos, abrió parcialmente la economía y firmó los Acuerdos de Camp David con Israel en 1978. Hosni Mubarak consolidó esa alianza occidental y aplicó reformas económicas graduales, pero preservó un sistema presidencial autoritario, con elecciones controladas, poderes de seguridad extensos y escasa alternancia real.
La experiencia egipcia muestra que cambiar de aliado internacional o de modelo económico no basta para democratizar un Estado. La apertura puede beneficiar a grupos cercanos al poder si no existe independencia judicial, competencia política y control parlamentario. Para Venezuela, la advertencia es clara: una transición respaldada por Estados Unidos podría estabilizar la economía y, sin embargo, producir una nueva élite autoritaria si no se acompaña de instituciones democráticas.
La recuperación de la soberanía requerirá, además, un consenso venezolano que trascienda a los dos bloques que han dominado el conflicto. Debe incorporar a la oposición democrática, a los sectores institucionales del chavismo, a empresarios y trabajadores, a universidades, iglesias, organizaciones sociales, autoridades regionales y la diáspora. La interlocución con Washington será más equilibrada si Venezuela habla desde acuerdos nacionales y no desde facciones que buscan apoyo externo para imponerse sobre sus adversarios.
Adenauer no esperó condiciones ideales. Trabajó desde una realidad impuesta, aceptó compromisos difíciles y fue recuperando espacios de decisión a medida que Alemania demostraba su confiabilidad. Esa combinación de realismo y propósito es la que necesita el liderazgo venezolano: aceptar la correlación de fuerzas sin convertirla en destino; cooperar con Estados Unidos sin actuar como su representación local; integrarse a Occidente sin aislarse de América Latina ni sustituir una dependencia por otra; y utilizar cada avance económico para fortalecer, y no aplazar, la democratización.
La enseñanza de Adenauer no consiste en resignarse ante una potencia superior. Consiste en comprender que la soberanía efectiva se construye con instituciones, confianza, prosperidad y estrategia. Venezuela no necesita proclamar una independencia que todavía no puede ejercer plenamente. Necesita reconstruir las capacidades que le permitan ejercerla.
Ese es el camino: reconocer el tutelaje sin legitimarlo; convertir la cooperación externa en acuerdos transparentes y temporales; reconstruir la democracia y el Estado de derecho; recuperar la capacidad económica; y hacer que cada etapa de la transición reduzca, en lugar de consolidar, la dependencia. Solo así una relación impuesta podrá transformarse en una democracia legítima y una soberanía nominal en el derecho efectivo de los venezolanos a decidir su propio destino.