El Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas (CDDA) concluyó en una investigación publicada este mes que “las prácticas ilegales e insostenibles” del régimen de Maduro ponen en peligro las vidas y las culturas de las comunidades indígenas de Venezuela.
El CCDA elaboró este informe, titulado “Reporte sobre el estado de los pueblos indígenas en la República Bolivariana de Venezuela”, a propósito de la conmemoración, el 12 de octubre, de la resiliencia de los grupos indígenas del continente americano.
“El régimen de Maduro en Venezuela ha violado los derechos de las comunidades indígenas mediante la represión sistemática de los actores políticos indígenas, desacreditando a sus diputados y atacando con disparos a miembros de su comunidad. También ha creado condiciones económicas que dificultan a los grupos indígenas tener acceso al agua limpia, comida y medicina”, dice el informe.
Esto implica, apunta CCDA, que el régimen está violando “la progresista Constitución vigente en Venezuela”, pues esta reconoce los derechos de los pueblos indígenas –el derecho a su tierra ancestral, a la representación política, a una calidad de vida adecuada, entre otros— en 19 artículos.
“Predecimos que estas violaciones a los derechos humanos aumentarán en los meses y años venideros. En efecto, el limitado acceso a ingresos en Venezuela exacerbará las actividades mineras y la restricción de comida y medicinas”, agregó el informe.
El reporte del CDDA se basa en los informes que hicieron la organización local de derechos humanos Foro Penal, el informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un reporte del la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) sobre el desplazamiento forzado de indígenas venezolanos y un artículo sobre los yanomami de la revista Science.
Basado en las denuncias del Foro Penal, CDDA se refiere al aumento de la represión contra grupos indígenas en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil por el sur, en el estado Amazonas, también al sur, y en el estado Delta Amacuro, al noreste del país.
En febrero pasado, la policía venezolana mató con disparos a cuatro indígenas pemones e hirió a otros 17. Detuvo al menos a tres pemones y otros seis tuvieron que huir a Brasil para evitar la persecución.
Dos meses después, el 29 de abril, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana dispararon a un grupo de al menos 20 waraos de la comunidad Mariusa de Delta Amacuro. Mataron a una mujer con seis meses de embarazo, a un niño de seis años, e hirieron a otra persona.
Después, el 22 de mayo, dos oficiales sin identificación invadieron la comunidad de Curripaco en Amazonas y asesinaron al capitán indígena y pastor Eduardo Garrido de un tiro en la cara. Entraron a las casas sin órdenes judiciales y robaron algunas pertenencias
Por otra parte, el reporte de CDDA hace referencia a los hallazgos del Alto Comisionado para las Naciones Unidas: “La extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, incluyendo la región del Arco Minero del Orinoco, ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, modos de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra. La minería también provoca graves daños ambientales y en la salud, como el aumento del paludismo y la contaminación de las vías fluviales. Tiene un efecto diferenciado en las mujeres y niñas indígenas, que corren mayor riesgo de ser objeto de trata de personas. El hecho de no consultar a los pueblos indígenas sobre estas actividades constituye una violación de su derecho a la consulta”.
El impacto de la minería ha afectado en particular el acceso a la alimentación y la salud de comunidades indígenas, como los yanomami, que son más vulnerables a contagiarse de enfermedades foráneas con una disponibilidad muy limitada de vacunación. Y otros grupos como los waraos, wayúus, baris, y yukpas han tenido que salir de sus territorios y migrar a otros países en búsqueda de comida, refugio, asistencia sanitaria y documentación.
Como contexto, el informe del CCDA recuerda que en diciembre de 2015, cuando la actual Asamblea Nacional ganó las elecciones con una gran mayoría, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano –favorable al régimen– sentenció que había sido irregular la elección de tres diputados indígenas por Amazonas opuestos a Maduro, lo que significaba convocar nuevas elecciones en esos casos. En julio de 2016 el organismo electoral no había convocado aún las elecciones, por lo cual la Asamblea Nacional incorporó a estos tres diputados, en contra de la sentencia del TSJ. Con estos tres diputados, la oposición obtuvo la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, los dos tercios de votos que se requieren para reformas importantes en Venezuela.
Recientemente, Romel Guzamana, diputado por Amazonas y Apure, se dirigió al Congreso de Estados Unidos para denunciar la presencia de guerrilleros en territorio venezolano y el irrespeto de los derechos de los indígenas en el país.
https://www.youtube.com/watch?v=YdBCSIN_PqA&feature=youtu.be
Carta a Debra Haaland
El CDDA es una organización sin fines de lucro que promueve el empoderamiento de líderes latinos en Estados Unidos, Iberoamérica y el Caribe, a través de trabajo de investigación colaborativa, formación, cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas entre ONGs.
Su fundador Leopoldo Martínez, también fundador de IQ Latino, dirigió una carta a la representante del Congreso de Estados Unidos Debra Haaland, para pedirle una reunión en la que pueda presentar el reporte sobre los pueblos indígenas venezolanos, a ella y a otros defensores de los derechos indígenas. Haaland es una de las primeras mujeres nativas estadounidenses electas en el Congreso y ha sido administradora tribal.
“Las comunidades indígenas en Venezuela son vulnerables y demandan nuestra atención. El régimen en Venezuela ha atacado sus derechos humanos de forma sistemática y también los derechos establecidos en la progresista Constitución venezolana”, dice la carta.