Una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno venezolano y una delegación de la oposición, está por iniciarse en México este 13 de agosto, con la facilitación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega. Las esperanzas encontradas de millones de venezolanos, en el país y en el extranjero, reflejan las complejidades de la profunda crisis del país y de los muchos obstáculos que enfrenta para superar el estancamiento político. La gravedad de la catástrofe humanitaria que se ha acelerado por los efectos de la pandemia SARS-Cov-2 ha contribuido a una situación crítica en la que no hay un camino claro para una resolución inmediata.
La crisis política en Venezuela es la consecuencia de años de políticas fallidas y una pésima gestión pública. En una economía dependiente del ingreso petrolero, la caída de los precios del mercado sumió a la nación en una profunda recesión, mientras luchaba contra la autocratización de un régimen político que seguía avanzando en la destrucción de sus instituciones democráticas. Si esto no fuera suficiente para pintar un cuadro terrible, la pandemia de Covid-19 se sumó al sufrimiento de una población que ya es víctima de la negligencia de un gobierno incapaz de brindar asistencia médica básica. Este es el trasfondo del quinto intento de negociar un acuerdo que pueda allanar el camino para una solución a la crisis política y, por ende, a la catástrofe humanitaria.
Sin embargo, esto no es 2003. Maduro no tiene los recursos ni el apoyo popular para convocar una medida política como una nueva elección presidencial o incluso un referéndum, donde estaría corriendo un riesgo enorme con una decisión que podría poner fin a su carrera política. Cuando Chávez aceptó realizar el Revocatorio de 2004, ya había comenzado la implementación de las Misiones sociales que lo protegieron de la amenaza de una posible destitución del cargo. En la situación actual de Maduro, con un bajísimo apoyo (9,5%) y un total de 25,3% para el Chavismo, un desafío electoral probablemente no esté en la agenda por el momento.
Sin embargo, este nuevo intento de delinear una salida a la crisis política de largo plazo que padece Venezuela no parece implicar lo mismo para los involucrados en las negociaciones. Por el lado del gobierno, la expectativa se limita a hablar con la administración Biden y convencerlos de que levanten las sanciones económicas, entre otras aspiraciones relacionadas con este tema. Maduro no ha sido tímido en reconocer que el gobierno de Estados Unidos les dejó claro que el canal de comunicación era Juan Guaidó, el ex presidente de la Asamblea Nacional, quien fue designado como presidente interino luego de la farsa electoral de 2018. Este sigue siendo el fundamento de la decisión de Maduro de participar en las conversaciones.
en el caso de la Oposición, su participación en este nuevo esfuerzo para llegar a un compromiso con el gobierno tiene más lecturas. Si bien Maduro es sin duda un líder impopular, su coalición ha fortalecido su control del poder, mientras que la Oposición ha profundizado sus reclamos y rupturas internas. La coalición de legisladores que ganó la supermayoría del poder legislativo en 2015, se desintegró luego del colapso de los acuerdos políticos que los mantenían unidos, como parte de un cuerpo diverso de partidos políticos, luego de los intentos fallidos de destituir a Maduro por por otras vías. La profundización de la desconfianza entre la población se refleja en los más recientes sondeos de opinión. Por lo tanto, esta nueva ronda de conversaciones podría verse como una nueva oportunidad para que la Oposición se reagrupe, no solo con un enfoque más matizado en su acercamiento con el régimen de Maduro, sino también, para construir una agenda política más sostenible en el tiempo, basada en un conjunto coherente de principios, en lugar de la permanente búsqueda de deshacerse del chavismo.
Esta es una oportunidad para repensar la mejor manera de utilizar el apoyo que ofrece la administración de Biden en un esfuerzo que puede conducir a pasos concretos para mejorar la situación actual que enfrenta el país. En lugar de enmarcar este esfuerzo de negociación como un detonante para la destitución de Maduro, puede verse como una oportunidad para replantear la narrativa política de la Oposición. A estas alturas se debe saber que la salida de Maduro -y del propio chavismo- no es probable que se logre en una mesa de negociación, por lo que no puede ser parte de la agenda. Si la Oposición aprovecha la oportunidad para reagruparse y reconstruir un mensaje político inclusivo, sin desconocer el comportamiento antidemocrático del adversario, estaría enviando una señal de esperanza al pueblo venezolano.
La Casa Blanca ha cambiado de tono, tras el manejo imprudente de la anterior administración con respecto a la crisis venezolana, presentando a todas las partes: Gobierno, Oposición y Comunidad Internacional, un enfoque de principios a la situación. El presidente Biden aporta su experiencia en el Senado y la administración Obama, como credenciales que deberían enviar una señal a todas las partes sobre sy confianza en un esfuerzo diplomático multilateral. Esta es una información importante que debe orientar todos los análisis. A diferencia de la política anterior hacia la crisis venezolana, esta administración no está apostando por una intervención, pero el levantamiento de las sanciones económicas no depende de las demandas de Maduro, sino de su cumplimiento de la agenda, que requiere la coherencia de la Oposición del otro lado.
Si bien el gobierno de Maduro parece tener la ventaja, y su asistencia responde a su interés en que se eliminen las sanciones, las demandas sobre el reconocimiento de su gobierno y el acceso a los recursos son parte de su campaña para restaurar su capacidad para seguir saqueando el país, lo que hace que sea más difícil para la administración de Biden considerarlo como un posible resultado de las negociaciones en ausencia de un cambio en su comportamiento. Este será un aspecto crítico de estas conversaciones, y los hallazgos recientes de la Fiscal saliente de la Corte Penal Internacional, con respecto a la violación de los derechos humanos por parte del gobierno, probablemente serán parte del contexto de la administración de Biden al tratar con el gobierno venezolano.
Por último, esta no es una decisión que esté en manos de la oposición, y después de las protestas en Cuba el 11 de julio pasado, es de esperar que la política interna jugará un papel importante en las negociaciones, sobre todo porque Estados Unidos país se enfila hacia las elecciones de medio término en 2022. Este no es un proceso a corto plazo, y por más que los facilitadores y la comunidad internacional tengan como prioridad el interés del pueblo venezolano, no deberíamos esperar soluciones inmediatas como resultado, pero no hay duda de que todos agradeceríamos cualquier señal de avance para llegar a un acuerdo que aborde los padecimientos de los venezolanos.