Si algo hemos podido conocer de la administración del presidente Trump es el modelo goebbeliano de repetir mentiras o manipulaciones hasta imponerlas como si fuesen la verdad, así sean posteriormente descubiertas o haya diversas fuentes que nieguen la veracidad de sus afirmaciones. Me refiero a la administración como un todo y no sólo al presidente, porque diversos asesores y voceros incurren en esta forma de ver la realidad, como ya anteriormente lo dijo la asesora principal y ex jefe de campaña, Kellyane Conway, al tratar de justificar alegaciones falsas como “hechos alternativos”.
Resulta muy preocupante cuando no sólo hablamos de declaraciones con “hechos alternativos”, sino cuando se trata de una política o un programa que se crea fundamentándose en este tipo de premisas falsas. Esto es lo que ocurre en este momento con la apertura de a oficina para Víctimas de Crímenes por Inmigrantes, VOICE (por sus siglas en inglés: Victims Of Immigration Crime Engagement), anunciada por el Director del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, y que tendrá como finalidad mover el aparato del Estado para investigar crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados.
No sólo parte esta iniciativa de una premisa errada; también representará un gasto del dinero de todos los contribuyentes, mientras se ignoran otros asuntos reales y con repercusión directa en nuestras vidas como el cambio climático, para dar un ejemplo. La noción de que los inmigrantes indocumentados son los responsables de crímenes cometidos en ciudades de Estados Unidos ha sido rechazada por múltiples estudios que a través de los años han explicado cómo el porcentaje de inmigrantes que realizan este tipo de agresiones es ínfimo comparado con otros grupos. Incluso son más propensos a cumplir la ley, más aún cuando su estatus migratorio es irregular y desean pasar desapercibidos tanto como sea posible.
El querer “oficializar” por medio de esta oficina la idea de que los inmigrantes son criminales no es otra cosa que continuar señalando a un grupo de personas con la finalidad de discriminarlos por ser diferentes a la mayoría. Esto no se corresponde con los valores de inclusión que debe proteger y respetar nuestro gobierno, y representa un nuevo ataque a la comunidad inmigrante, lo que se suma al cambio de la política de deportaciones que elevó las prioridades de retirar del país a casi todas las personas que se encuentran indocumentadas.
El lanzamiento de VOICE viene de la mano de otra política inconstitucional e igualmente errada, además de injusta, cual es sancionar con recortes financieros federales a las “ciudades santuario” (recortes que afectan a todos los ciudadanos). En ellas, la comunidad de inmigrantes indocumentados se ha integrado productivamente y sin miedos a la sociedad, entre otras cosas, facilitando el trabajo de las policías locales en la lucha contra el crimen por la construcción de una relación de confianza.
A diferencia de Trump, Obama había puesto en práctica la política de deportación a personas con antecedentes criminales, es decir, a quienes sí representaban un peligro para la sociedad, no a personas trabajadoras sin historial criminal. Bajo este enfoque, tan sólo entre el 2010 y 2015 fueron deportados más de un millón de inmigrantes con alta prioridad por sus antecedentes, de acuerdo a ICE. Esto resulta más acertado, no sólo por las personas que son deportadas sino por la eficiencia con la que se utilizan los recursos públicos para esta finalidad. La oficina VOICE no representará más que una cuenta de gastos y un ataque sistemático contra la comunidad latina y de inmigrantes, quienes serán victimas del prejuicio que acompañará a la mayor parte de las denuncias.
Por encima de cualquier diferencia política, los latinos hemos realizado mayores aportes a la sociedad de Estados Unidos que los crímenes que puedan imputársele a un grupo de inmigrantes. Nuestras comunidades no merecen sentir el miedo que sienten hoy en día por el temor a que familiares o seres queridos sean deportados y mucho menos merecen ser tratados como el grupo responsable de crímenes que, según el presidente, han sido poco reportados a los medios. Vemos con preocupación cómo las consignas demagógicas de campaña hoy se convierten en políticas y programas de gobierno.